Corte Suprema de Justicia confirma condena de prisión al Director del Colegio Alemán

La cámara penal del la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, resolvió el cuatro de mayo del 2017 la casación presentada por el director del Colegio Alemán de Guatemala, Alvaro Enrique Cano Perez, y la Asociación de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt confirmando la sentencia condenatoria a prisión al Director Cano por MALTRATO A PERSONAS MENORES DE EDAD y el RESARCIMIENTO DIGNO al entonces niño y ex-alumno de dicho colegio.

La cámara penal resolvió que al director Cano NO LE ASISTE LA RAZÓN en su argumento que los actos cometidos por él son consecuencia del legítimo ejercicio del derecho que le asiste como director del colegio alemán y que por lo tanto no poseen carácter de ilicitud. La cámara penal analizó que las acciones tomadas por el director Cano debían ser jurídicamente correctas; y utilizando los medios jurídicamente idóneos; pero que en este caso, quedó acreditado dentro del proceso penal “Que el entonces menor FUE VÍCTIMA DE MALOS TRATOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO ALEMÁN DE GUATEMALA (…), toda vez que se evidenció que el menor fue víctima de un proceso disciplinario que VIOLENTÓ SUS DERECHOS HUMANOS Y CULMINÓ CON SU EXPULSIÓN DE UNA FORMA PÚBLICA, QUE LO MARGINÓ DE SU COTIDIANIDAD ESCOLAR Y SOCIAL; por lo que, en coherencia con la doctrina invocada y la Ley de Educación Nacional, que establece que es obligación de los directores de los centros educativos respetar y hacer respetar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, así como propiciar las buenas relaciones entre los miembros del centro educativos e interpersonales de la comunidad en general; la conducta realizada NO PUEDE JUSTIFICARSE COMO LEGÍTIMO EJERCICIO DE UN DERECHO, PUES LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TIENEN EL DERECHO DE SER PROTEGIDOS CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA Y NO DEBEN SER SOMETIDOS A TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; por ello debe prevalecer EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, situación que NO se dio en este caso.

La cámara penal resolvió que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, NO incurrió en falta de aplicación de las normas, en virtud que el procesado Cano si fue condenado por la comisión de un delito que conllevó al resarcimiento de una reparación digna, y que para los efectos de determinar el tipo de reparación el sentencian cumplió con lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal Penal, que regula que la reparación a que tiene derecho la víctima, comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo mas pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible, y en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión de delito.

El Tribunal de Casación pudo constatar que Alvaro Enrique Cano Pérez, fue declarado RESPONSABLE EN CALIDAD DE AUTOR de la comisión del delito de MALTRATO A PERSONAS MENORES DE EDAD, al haber OMITIDO evitar el daño psicológico causado al menor; ya que siendo Director del Colegio Alemán de Guatemala al momento de acaecer los hechos, tenia la OBLIGACIÓN de SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL MENOR VÍCTIMA, en atención a lo establecido en la Ley de Educación Nacional, la cual contempla en su artículo 37 los parámetros dentro de los cuales debía conducirse, verbigracia, tener conocimiento y PLENO DOMINIO del proceso administrativo de los aspectos técnico-pedagógicos, planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones administrativas del centro educativo en forma eficiente; asumir conjuntamente con el personal a su cargo la responsabilidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en el marco de los principios y fines de educación; propiciar las buenas relaciones entre los miembros del centro educativo e interpersonales de la comunidad en general; respetar y hacer respetar la DIGNIDAD de los miembros de la comunidad educativa; entre otras.

Es por ello que la OMISION COMETIDA POR EL SINDICADO es PLENAMENTE RELEVANTE, pues omitió realizar una acción jurídicamente esperada. Según los autores Hector Aníbal de León Velasco y José Francisco de Mata Vela:

“La omisión que importa al Derecho Penal es aquella que alguien debió realizar; el Delito de omisión consiste siempre en la infracción de un deber impuesto por la ley en función de la protección de determinados bienes jurídicos.”

De lo anterior, se desprende que NO le asiste la razón jurídica al recurrente cuando alega: “… en mi calidad de Director, no pude advertir lo que sucedía en la entrevista y en consecuencia no incurrí en omisión alguna, no existe nexo causal entre la omisión imputada y el resultado producido, pues al no recibir información de la realización de esa entrevista violenta, no podía actuar para impedirla”, ya que conforme CONSTA a la plataforma táctica acreditada por el Tribunal de Sentencia, se consta que el procesado omitió realizar acciones inherentes a su cargo, puesto que al tener previo conocimiento de dicha entrevista, debió tener pleno dominio del proceso que se estaba llevando a cabo, el cual debía no solo coordinar sino SUPERVISAR Y EVALUAR EN ARAS DEL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA; aunado a ello, debía velar porque los menores ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ACOMPAÑADOS por sus padres o tutores para ejercer EL DERECHO DE DEFENSA que es ESENCIAL AL SER HUMANO y que EVITARA EL DAÑO PSICOLÓGICO CAUSADO, ya que como quedó probado, él tenía conocimiento de la entrevista que se le estaba haciendo al menor y no le permitió comunicarse con sus padres.

La cámara penal concluye que el argumento del sindicado de que no se reúnen los elementos objetivos o fácticos necesarios para acreditar su idoneidad y la intención de producir un resultado antijurídico, NO TIENE SUSTENTO LEGAL, en virtud que la omisión en la cual incurrió el procesado, produjo el resultado previsto en el artículo 150 BIS del Código Penal. Por consiguiente el reclamo es improcedente.

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